Supresión de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares

Propuesta original: 

Modificación del artículo 141.2 de la Constitución española para que el gobierno y administración de la provincia quede encomendado a la Comunidad Autónoma en la que ésta se integre, o la delegación del Gobierno cuando no se adscriba a ninguna, así como supresión de la obligatoriedad de que existan Cabildos o Consejos para la administración de las islas (art 141.4 CE), sin perjuicio de que los municipios limítrofes puedan crear mancomunidades para tales fines, con el apoyo económico y político del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Las Diputaciones provinciales son órganos que tienen encomendado el gobierno y administración de las provincias por el artículo 141 de la Constitución, y que constituyen la forma en que -por defecto- se estructura territorialmente la administración del Estado: la capa intermedia entre éste y los municipios.

El sentido de su existencia radica en que la Constitución contempla la autonomía como un derecho (art. 2 CE), no como un deber, por lo que es necesaria algún tipo de administración territorial para aquellas provincias que decidan -o puedan decidir en el futuro- no integrarse en ninguna Comunidad Autónoma. Sin embargo, su existencia una vez que una provincia pasa a formar parte de una Comunidad Autónoma convierten a estos órganos de la administración local en un foco de despilfarro, opacidad y clientelismo.

Si bien es cierto que las diputaciones provinciales realizan labores importantes para los municipios más pequeños en zonas poco pobladas, la mayoría de sus funciones ya ha sido asumidas sin problema por las Comunidades Autónomas; y no hay motivo para que este proceso de absorción se complete -como ya ha ocurrido en las Autonomías uniprovinciales- ahorrándonos a los contribuyentes más de 7.000 millones de Euros anuales.

Las labores que realizan actualmente -y sus costes- deberán ser trasladados a la administración autonómica correspondiente (cuando exista) o a la central (cuando no exista).

Enlaces:

» Las Diputaciones emplean a 80.000 personas y gestionan un presupuesto de 22.000 millones de euros
» Las diputaciones tienen un coste anual de casi 22.000 millones de euros pese a que apenas tienen competencias

Ámbito Territorial: 
Estado: 

Comentarios

Totalmente deacuerdo solo sirven para tener altos cargos cobrando sueldos que no se puede perpitir la Diputación de turno o el cabildo y que perfectamente lo pueden hacer las comunidades autonomas, caso concreto las comunidades uniprovinciales.

Más que nunca esta propuesta tiene vigencia hoy en día. Se acaba de reducir el número de concejales en un 30% dentro del paquete de mediadas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular, que deja impune a la distintas diputaciones controladas por las familias más importantes del país.

El ejemplo de los Fabra dentro de la diputación de Castellón es el caso más conocido de caciquismo e impunidad pero hay cientos de cargos de este tipo que no destacan tanto y que suponen un grupo de presión impresionante dentro de la organización interna de los principales partidos políticos nacionales.

Nadie quiere dejar de recibir del estado un sueldo que da por sentado y que puede mantener de manera fácil gracias al increíble clientelismo que se practica en los lugares donde estas diputaciones tienen más poder.

En otro orden de cosas, debería estudiarse detenidamente qué supone esta reducción del 30% de concejales ya que si no se revisa y reforma ley electoral puede desembocar en más bi partidismo del que ya sufrimos.

Más información al respecto en este artículo de Asier Martirena para Yahoo! Noticias:

La cruzada por la transparencia del actual Gobierno es total. Y no le queda más remedio si quiere empezar a cumplir con el déficit. Recordarán cómo hace unos meses el equipo de Rajoy aprobó la denominada Ley de Transparencia que, supuestamente, debería servir para "que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero".

Pues algo ha debido fallar, porque Moncloa ha decidido dar un paso más. En próximas fechas se van a implantar nuevos controles regulatorios sobre las administraciones locales y una mayor transparencia, que no solo determinará el sueldo de alcaldes y concejales, sino que obligará a publicarlo. La Ley de Presupuestos fijará cada año los baremos en función de las características del municipio.

Sin embargo, y para su desgracia, no todos los concejales que ejercen su cargo a día de hoy tendrán que someterse a este control. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de anunciar una reducción del 30% en el número de concejales por tramos de población.
Sim embargo esto choca con otro dato conocido recientemente por el que el número de funcionarios públicos en España creció un 5,3% durante la crisis, especialmente en el ámbito de la administración central, +5,9%.
Esta profunda reforma de las administraciones públicas va encaminada, sobre todo, a los Ayuntamientos, a los que se va a imponer una "nueva estructura" y una clarificación de las competencias locales, de manera que "los pequeños municipios reciban servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados". La polvareda que va a levantar esta medida está por ver, pero parece que le compensa al equipo de Rajoy. Las estimaciones que manejan los asesores del presidente indican que esta reforma supondrá un ahorro en torno a 3.500 millones de euros.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado, además, la reducción de esa "pléyade" de entidades locales y mancomunidades que "ejercen una multiplicidad de competencias que multiplican los recursos públicos". Al igual que el Estado ha acometido la supresión de 80 empresas públicas, las autonomías deben deshacerse de algunas de las suyas. En total, y dependiendo de cada Administración, unas 4.000.

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