Establecer que todos los actos que impliquen la adquisición o pérdida de la participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de sociedades mercantiles, por la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos, deban autorizarse para ser efectivos mediante referéndum vinculante a celebrar en el ámbito territorial de actuación de la(s) Administración(es) Pública(s) a la(s) que esté adscrita la sociedad objeto de la operación.