Derogación de la Ley de Amnistía de 1977

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Created:ucid at Jue, 2011-03-24 02:23
Estado:Abierto ( - Justicia, Seguridad y Defensa / Priority Baja)
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Última modificación:Dom, 2013-06-30 16:34

Atendiendo a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, que nos recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señala que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto de Derechos civiles y políticos, proponemos la derogación de la Ley de amnistía de 1977 y la adopción de medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales españoles.

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Artículo primero.

I. Quedan amnistiados:

a) Todos Ios actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.

c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

II. A. los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal.

La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.

Artículo segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía:

a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.

b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos.

c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.

d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Artículo tercero.

Los beneficios de esta Ley se extienden a los quebrantamientos de condenas impuestas por delitos amnistiados, a los de extrañamiento acordados por conmutación de otras penas y al incumplimiento de condiciones establecidas en indultos particulares.

Artículo cuarto.

Quedan también amnistiadas las faltas disciplinarias judiciales e infracciones administrativas o gubernativas realizadas con intencionalidad política, con la sola exclusión de las tributarias.

Artículo quinto.

Están comprendidas en esta Ley las infracciones de naturaleza laboral y sindical consistentes en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores en normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad.

Artículo sexto.

La amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio.

Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele coma consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones más beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación.

Artículo séptimo.

Los efectos y beneficios de la amnistía a que se refieren los cuatro primeros artículos serán en cada caso los siguientes:

a) La reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos Cuerpos, si hubiesen sido separados. Los funcionarios repuestos no tendrán derecho al percibo de haberes por el tiempo en que no hubieren prestado servicios efectivos, pero se les reconocerá la antigüedad que les corresponda como si no hubiera habido interrupción en la prestación de los servicios.

b) El reconocimiento a los herederos de los fallecidos del derecho a percibir las prestaciones debidas.

c) La eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido.

d) La percepción de haber pasivo que corresponda, en el caso de los militares profesionales, con arreglo al empleo que tuvieren en la fecha del acto amnistiado.

e) La percepción del haber pasivo que corresponda a los miembros de las Fuerzas de Orden Público, incluso los que hubiesen pertenecido a Cuerpos extinguidos.

Artículo octavo.

La amnistía deja sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena, derivados de los hechos contemplados en los artículos primero y quinto de la presente Ley, restituyendo a los afectados todos los derechos que tendrían en el momento de aplicación de la misma de no haberse producido aquellas medidas, incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social y Mutualismo laboral que, como situación de asimiladas al alta, serán de cargo del Estado.

Artículo noveno.

La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los Jueces, Tribunales y Autoridades Judiciales correspondientes, quienes adoptarán, de acuerdo con las Leyes procesales en vigor y con carácter de urgencia, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta Ley, cualquiera que sea el estado de tramitación del proceso y la jurisdicción de que se trate.

La decisión se adoptará en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos.

La amnistía se aplicará de oficio o a instancia de parte con audiencia, en todo caso, del ministerio fiscal. La acción para solicitarla será pública.

Artículo diez.

La autoridad judicial competente ordenará la inmediata libertad de los beneficiados por la amnistía que se hallaren en prisión y dejará sin efecto las órdenes de busca y captura de los que estuviesen declarados en rebeldía.

Artículo once.

No obstante lo dispuesto en el artículo noveno, la Administración aplicará la amnistía de oficio en los procedimientos administrativos en tramitación y a instancia de parte, en cualquier caso.

Artículo doce.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Un extracto de este estudio: http://www.salamancamemoriayjusticia.org/der/espinosanacional.pdf

Dos fueron los instrumentos de los que se sirvieron los golpistas para llevar a cabo el plan represivo: los bandos de guerra y los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Es sobradamente conocido el bando publicado por la Junta Militar el 28 de julio de 1936; sin embargo son totalmen te desconocidos aquellos con los que se funcionó realmente a nivel local desde el prim er momento. En la práctica los bandos de guerra pretendieron dar un barniz seudolegal a la gran matanza del 36. Luego miles de personas serían inscritas en los registros civi les con la causa de muerte: “Aplicación del Bando de Guerra”. No obstante, lo que interesa destacar de esta et apa fue el altísimo número de personas que quedaron sin inscribir en el registro Personas de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegal mente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas anónimas abiertas en los cem enterios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la España donde triunfó el golpe militar y se aplicó de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previs to desde el principio. La relación entre desapare cidos por el bando de guerr a, “gubernativos”, y los que acababan en el cementerio por sentencia de consejo de guerra puede verse bien en el caso de Sevilla. He aquí los datos oficiale s de la Prisión Provincial: en los seis meses que siguieron al golpe militar desaparecieron por orden de los delegados gubernativos Díaz Criado o Garrigós Bernabeu 1.039 persona s, y desde la misma fecha hasta finales de 1938 fueron asesinados por la maquinaria judicial-militar 528. La primera cantidad hay que completarla con los datos que ofrecen los libros de fosa común del cementerio de San Fernando: de julio del 36 a enero del 37 ingresaron 3.028 personas, con lo cual a las 1.039 que procedían de la Prisión Provincial hay que añadir 1.989 (3.028 – 1.039) casos más de personas procedentes de otros centros de reclusión. Además, según esos mismos libros del cementerio, entre febrer o y octubre de 1937, al mismo tiempo que funcionaban los consejos de guerra, hubo 137 casos más de desconocidos en fosa común. Así tenemos un total de 3.693 pe rsonas (3.028 + 528 + 137) desde los días posteriores al golpe hasta di ciembre de 1938. Pues bien, de todas ellas sólo 619 fueron inscritas en el Registro Civ il desde entonces hasta hoy. Es d ecir, una de cada seis (un 17 %). El propio régimen franquista, consciente de los problemas de toda índole que esta situación estaba creando, abrió una puerta a la inscripción de desaparecidos con el decreto 67 de 10 noviembre de 1936, que sirvió efectivamente para que a partir de entonces y hasta bien entrados los años cinc uenta se practicaran cientos de inscripciones diferidas. Para que se vea lo que esto s upuso en la práctica podemos ver un ejemplo que conocemos bien. En la provincia de Huelva, una de las provincias mejor investigadas, fueron inscritas en los registros civile s 3.046 personas entre 1936 y 1990, pero otras fuentes aportaron 1.004 nombres más de person as nunca inscritas y la certeza de que fueron muchas más, hasta 5.455. Sólo con esos datos tendríamos que quedaron sin inscribir como mínimo un 25% de las víctim as. La realidad, sin embargo, fue peor. La reciente investigación completa de la Audito ría de Guerra de Huelva permite afirmar que en dicha provincia fueron asesinad as entre 1936 y 1945 un mínimo de 6.019 personas, de las que sólo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra. Investigaciones de carácter local en las que ha podido reconstruirse por completo el proceso represivo permiten deducir que sólo llegaron a los libros de defunciones entre el 30 y el 50 por ciento de la s muertes irregulares (desapariciones forzosas). Es muy posible pues que la represión en Huelva se sitúe entre siete y ocho mil personas. Son éstas las razones por las que en España no han dejado de inscribirse víctimas de la represión franquista desde el 36 hasta bien entrados los años noventa, ya que a las inscripciones diferidas antes come ntadas de los cuarenta y cincuenta se unieron a partir de la transi ción las producidas por la Ley de Pensiones de Guerra de 1978, lo que supuso una nueva oleada de expedi entes (más de quinien tos en el caso de Huelva). Respecto a la represión franqui sta cabe establecer tres et apas. La primera, la de la represión salvaje con los bandos de guerra , comprende desde el 17 de julio del 36 a febrero de 1937. La segunda, la de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, va de marzo de 1937 a los primeros meses de 1945. Podría parecer que el final de la guerra marca una separación pero realmente es lo mismo; quizás la disminución del ritmo represivo iniciado en el 36 se perciba a partir de 1943. Y la tercera sería la gran oleada represiva de fines de los cuarenta y de los años cincuenta, marcada por la eliminación de docenas de guerrilleros y de cientos de personas acusadas de servirles de apoyo. Llevamos desde la transici ón intentado documentar este proceso. Partimos de los libros de defunciones de los registros civiles por proporcionarnos una base incompleta pero real desde la que iniciar la investig ación a escala local. La propia Causa General aportó datos de interés por contener un ap artado dedicado a los responsables de los crímenes cometidos por los rojos y a su paradero. También los archivos municipales a través de los informes. A finales de los noventa, aunque rara vez en las condiciones adecuadas, pudimos acceder por fin a los arch ivos judiciales militares y a los de la Guardia Civil. Estos nos dieron una informaci ón de gran valor pero tampoco definitiva. Lo cierto es que a estas alturas seguimos buscando los archivos del terror y a la espera de poder acceder a las verdaderas fuentes de la represión: los archi vos de los Gobiernos Militares, los de las Comandancias de la Guardia Civil y los de las Delegaciones Provinciales de Orden Público, que pasaron pos teriormente a la Policía, en cuyo poder permanecieron hasta comienzos de los años ochenta. Todos ellos contaban con información exhaustiva sobre las personas desa parecidas a consecuencia de la represión

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