Festivos en viernes o lunes en honor a los grandes momentos de la historia de España

A fin de evitar que los días festivos caigan entre semana, mermando por una parte la productividad del país y desaprovechando parcialmente el potencial descanso que se puede obtener de ellos, considero apropiado acumular los días festivos en viernes o lunes, racionalizando su distribución a lo largo del año y eligiendo festividades que pongan el valor la rica historia de España.

Propuesta original: 
  1. Primer día del año que no sea domingo (Año nuevo)
  2. 3er viernes de marzo: Promulgación de La Pepa, tercera constitución moderna más antigua del mundo con considerable influenciaen otros textos constitucionales (19/mar/1812 [J])
  3. Viernes santo (entre el 20 de marzo y 23 de abril), o Jueves Santo si coincide con La Pepa
  4. 1er Lunes de mayo: Día de la independencia (2/May/1808 [L])
  5. 4º lunes de agosto » Día de Bartolomé de las Casas (nacimiento 24/Ago/1474 [X] u 84 [J]): Antecedente de los derechos humanos y el derecho internacional por su defensa de los indígenas americanos.
  6. 2º viernes de octubre » Día del descubrimiento (12/Oct/1492 [V])
  7. 3er viernes de octubre: Boda de los reyes católicos - Creación del Estado Moderno más antiguo de Europa (19/Oct/1469 [J])
  8. último viernes de diciembre: Día de entrada en vigor de la constitución del 78 (29 de dicembre de 1978 [V])
  9. Tardes del 24 y del 31 de diciembre
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Expropiación de primeras viviendas en proceso de ejecución hipotecaria para alquiler social

Por redactar

Propuesta original: 

Subrogación del Estado en el papel de los acreedores de derechos de crédito sobre hipotecas en fase de ejecución correspondientes a primera vivienda mediante expropiación forzosa, previo pago de su "justiprecio", para proceder a la ejecución de la mismas (descontando el justiprecio del montante de la deuda) y ofreciéndole al deudor una moratoria de los intereses que superen la inflación, y permanecer en su antigua vivienda en régimen de alquiler social con deducción del importe del mismo de la deuda pendiente.

Materia: 
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Gestión integramente pública de los servicios públicos y de la administración (privatizaciones)

Considerando que la primera labor de un gestor designado por la ciudadanía, o por sus representantes políticos, es la de gestionar los servicios públicos y de la administración bajo su responsabilidad con medios y personal propio; que no existen (o debieran existir) impedimentos para que la gestión pública sea tan eficaz como la privada, ni para la adopción por parte del sector público de las técnicas y mejores prácticas que pudiera aportar el privado; y que la gestión pública es la única que permite a los usuarios ejercer control político sobre servicios fundamentales para el ejercicio de

Propuesta original: 

Que los gestores de designación política de UCiD renuncien expresamente a la privatización y externalización de los servicios públicos y de la Asministración bajo su responsabilidad -revirtiendo aquellas ya implantadas en la medida en que existan vías para ello- y garanticen que la gestión de estos servicios será íntegramente pública siempre, salvo que existan razones legales que lo impidan.

Ámbito Territorial: 
Prioridad: 

Ratificación popular de la adquisición o privatización de empresas

Por redactar

Propuesta original: 

Establecer que todos los actos que impliquen la adquisición o pérdida de la participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de sociedades mercantiles, por la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos, deban autorizarse para ser efectivos mediante referéndum vinculante a celebrar en el ámbito territorial de actuación de la(s) Administración(es) Pública(s) a la(s) que esté adscrita la sociedad objeto de la operación.

Ámbito Territorial: 

Separación efectiva de las carreras profesionales de empleados públicos y políticos

El actual sistema de organización fiduciaria del aparato estatal, en el que los nombramientos de altos cargos políticos y directivos públicos se realiza sobre la base de la confianza que los candidatos merecen para sus superiores (a su vez nombrados por idéntico procedimiento), genera incentivos negativos en todos los niveles de la Administración Pública; que se manifiestan en forma de baja productividad, docilidad, falta de control interno y de rendición de cuentas y, finalmente, corrupción.

Propuesta original: 

(Por concretar propuestas más específicas, se admiten sugerencias)

  1. Disociación de las carreras profesionales de políticos y funcionarios, imponiendo límites a las actividades políticas de los segundos y costes para aquellos empleados públicos que quieran regresar a la carrera funcionarial después de su aventura política.
  2. Reducción del número de puestos de designación directa según criterios políticos a aquellos directamente dependientes del ejecutivo del ámbito territorial que corresponda
  3. Creación de una dirección pública profesional e independiente cuya trayectoria profesional acabe en las puertas de la cúspide de los ejecutivos.
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Limitar la recalificación como urbano del suelo rústico propiedad del ayuntamiento

A fin de evitar la corrupción y malas prácticas asociadas con la conversión de suelo rústico en urbano, propongo que sólo se recalifiquen como urbanos aquellos terrenos rústicos -dentro del término municipal- que sean propiedad del ayuntamiento, a fin de controlar mejor y hacer público quienes se benefician de dichas operaciones, mitigar en parte la especulación con el suelo, y repartir los beneficios a través del ayuntamiento.

Propuesta original: 

Adoptar, como política en los ayuntamientos, que sólo el suelo propiedad del ayuntamiento se recalifique como urbanizable en las revisiones de los planes de urbanismo, forzando a los ayuntamientos a adquirirlo como rústico antes de recalificarlo.

Materia: 
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Impuesto de Sociedades calculado sobre los ingresos, en vez de sobre los beneficios

A diferencia de las personas físicas, que pagan un porcentaje sobre cada tramo del total de sus ingresos en concepto de IRPF, el hecho imponible en el Impuesto de Sociedades es la obtención de beneficios por parte de la persona jurídica. De este modo, las sociedades con pérdidas están exentas del pago de este impuesto, puesto que su actividad "no es rentable".

Esta diferenciación no sólo dificulta enormemente la verificación de que el impuesto se ha liquidado correctamente (es decir, si los beneficios declarados son los realmente obtenidos), sino que también permite eludir legalmente el pago de impuestos mediante el uso de sociedades instrumentales domiciliadas en jurisdicciones con tipos impositivos menores o nulos, que facturan a las que realizan la actividad real productos o servicios para absorver sus beneficios, por los que éstas últimas prácticamente no tributan.

Igualmente, esta forma de cálculo del Impuesto de Sociedades perjudica a las empresas más competitivas y las que no pueden -o quieren- recurrir a la denominada "planificación fiscal offshore"... que son las más beneficios generarán, y más tributarán por ellos según el sistema actual, mientras que aquellos de sus competidores con estructuras de costes menos efectivas, o con acceso a mecanismos de elusión, se benefician de una exención fiscal que les permite reducir precios y daña los márgenes de las que sí tributan.

Propuesta original: 

Establecer el importe de la renta obtenida por la sociedad como base imponible para la liquidación del Impuesto de Sociedades, sustituyendo el actual sistema basado en el método de estimación directa, objetiva o indirecta que prevé el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; y revisar a la baja el tipo impositivo para equiparar la presión fiscal a la actual.

Materia: 
Ámbito Territorial: 
Estado: 

El Tribunal Constitucional certifica que esta Constitución ya no nos sirve

En Madrid, a 3 de noviembre de 2011

Unión Ciudadana por la Democracia es uno de los más de 30 partidos políticos que, habiendo presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por no haber reunido los avales que exige la nueva redacción del artículo 169.3 LOREG, quedan definitivamente excluidos de la contienda electoral.

En su auto de inadmisión [pdf], el TC estima que la exigencia de avales a las formaciones sin representación parlamentaria no es lesiva del artículo 23.2 de la Constitución Española "pues obedece a la consecución de un valor o bien constitucionalmente protegido, como es la racionalización y perfeccionamiento del proceso electoral [...] cuyo adecuado funcionamiento puede verse afectado por la proliferación de candidaturas carentes [...] de respaldo en el cuerpo electoral".

De este modo, dos derechos expresamente recogidos en la Constitución -la libertad de ofrecerse a representar a nuestros conciudadanos (art 23.2), y la libertad para elegir nuestros representantes entre quienes se ofrezcan voluntarios para ello (23.1)- se ven cercenados para la consecución de un concepto jurídico supuestamente " protegido constitucionalmente" -aunque no queda muy claro exactamente dónde- obviando el hecho de que, en unas elecciones libres y competitivas, el respaldo de cada candidatura en el cuerpo electoral sólo se conoce una vez celebradas las elecciones, no antes.

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