En la actualidad, la inmensa mayoría de las administraciones y organizaciones públicas utilizan software privativo (concretamente, la plataforma Microsoft Windows) cuyo uso supone el desembolso de importantes cantidades de dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos para el pago de licencias del sistema operativo y herramientas ofimáticas básicas (en torno a unos 600€ por puesto).
Dicha plataforma no sólo es propiedad exclusiva de una empresa estadounidense, único proveedor autorizado para desarrollar el sistema operativo, sino que, además, presenta un largo historial de vulnerabilidades de seguridad y de rápida obsolescencia. En la práctica, esto obliga a ir adquiriendo licencias de cada nueva versión y a renovar los equipos informáticos junto con las licencias.
Por ello, consideramos que las administraciones públicas deben adoptar y utilizar software libre en todos sus ordenadores, según lo define la Free Software Foundation, salvo que existan razones técnicas que justifiquen la utilización de otras plataformas (por ejemplo, la utilización de programas de propósito específico disponibles para una única plataforma).
Con esta medida no sólo perseguimos ahorrar dinero en licencias y actualizaciones de hardware; también romper la dependencia de las Administraciones públicas respecto las plataformas donde sólo hay un fabricante/proveedor.