Nacional

Esta idea, propuesta o proyecto se refiere a una actuación política común en todo el territorio español

Festivos en viernes o lunes en honor a los grandes momentos de la historia de España

A fin de evitar que los días festivos caigan entre semana, mermando por una parte la productividad del país y desaprovechando parcialmente el potencial descanso que se puede obtener de ellos, considero apropiado acumular los días festivos en viernes o lunes, racionalizando su distribución a lo largo del año y eligiendo festividades que pongan el valor la rica historia de España.

Propuesta original: 
  1. Primer día del año que no sea domingo (Año nuevo)
  2. 3er viernes de marzo: Promulgación de La Pepa, tercera constitución moderna más antigua del mundo con considerable influenciaen otros textos constitucionales (19/mar/1812 [J])
  3. Viernes santo (entre el 20 de marzo y 23 de abril), o Jueves Santo si coincide con La Pepa
  4. 1er Lunes de mayo: Día de la independencia (2/May/1808 [L])
  5. 4º lunes de agosto » Día de Bartolomé de las Casas (nacimiento 24/Ago/1474 [X] u 84 [J]): Antecedente de los derechos humanos y el derecho internacional por su defensa de los indígenas americanos.
  6. 2º viernes de octubre » Día del descubrimiento (12/Oct/1492 [V])
  7. 3er viernes de octubre: Boda de los reyes católicos - Creación del Estado Moderno más antiguo de Europa (19/Oct/1469 [J])
  8. último viernes de diciembre: Día de entrada en vigor de la constitución del 78 (29 de dicembre de 1978 [V])
  9. Tardes del 24 y del 31 de diciembre
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Expropiación de primeras viviendas en proceso de ejecución hipotecaria para alquiler social

Por redactar

Propuesta original: 

Subrogación del Estado en el papel de los acreedores de derechos de crédito sobre hipotecas en fase de ejecución correspondientes a primera vivienda mediante expropiación forzosa, previo pago de su "justiprecio", para proceder a la ejecución de la mismas (descontando el justiprecio del montante de la deuda) y ofreciéndole al deudor una moratoria de los intereses que superen la inflación, y permanecer en su antigua vivienda en régimen de alquiler social con deducción del importe del mismo de la deuda pendiente.

Materia: 
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Gestión integramente pública de los servicios públicos y de la administración (privatizaciones)

Considerando que la primera labor de un gestor designado por la ciudadanía, o por sus representantes políticos, es la de gestionar los servicios públicos y de la administración bajo su responsabilidad con medios y personal propio; que no existen (o debieran existir) impedimentos para que la gestión pública sea tan eficaz como la privada, ni para la adopción por parte del sector público de las técnicas y mejores prácticas que pudiera aportar el privado; y que la gestión pública es la única que permite a los usuarios ejercer control político sobre servicios fundamentales para el ejercicio de

Propuesta original: 

Que los gestores de designación política de UCiD renuncien expresamente a la privatización y externalización de los servicios públicos y de la Asministración bajo su responsabilidad -revirtiendo aquellas ya implantadas en la medida en que existan vías para ello- y garanticen que la gestión de estos servicios será íntegramente pública siempre, salvo que existan razones legales que lo impidan.

Ámbito Territorial: 
Prioridad: 

Ratificación popular de la adquisición o privatización de empresas

Por redactar

Propuesta original: 

Establecer que todos los actos que impliquen la adquisición o pérdida de la participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de sociedades mercantiles, por la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos, deban autorizarse para ser efectivos mediante referéndum vinculante a celebrar en el ámbito territorial de actuación de la(s) Administración(es) Pública(s) a la(s) que esté adscrita la sociedad objeto de la operación.

Ámbito Territorial: 

Separación efectiva de las carreras profesionales de empleados públicos y políticos

El actual sistema de organización fiduciaria del aparato estatal, en el que los nombramientos de altos cargos políticos y directivos públicos se realiza sobre la base de la confianza que los candidatos merecen para sus superiores (a su vez nombrados por idéntico procedimiento), genera incentivos negativos en todos los niveles de la Administración Pública; que se manifiestan en forma de baja productividad, docilidad, falta de control interno y de rendición de cuentas y, finalmente, corrupción.

Propuesta original: 

(Por concretar propuestas más específicas, se admiten sugerencias)

  1. Disociación de las carreras profesionales de políticos y funcionarios, imponiendo límites a las actividades políticas de los segundos y costes para aquellos empleados públicos que quieran regresar a la carrera funcionarial después de su aventura política.
  2. Reducción del número de puestos de designación directa según criterios políticos a aquellos directamente dependientes del ejecutivo del ámbito territorial que corresponda
  3. Creación de una dirección pública profesional e independiente cuya trayectoria profesional acabe en las puertas de la cúspide de los ejecutivos.
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Renuncia al uso del indulto por parte del Gobierno

El indulto es uno de los mecanismos por los que el poder ejecutivo puede eximir a alguien del cumplimiento de una pena impuesta por un juez o tribunal, útil como contrapeso de las decisiones del poder judicial pero susceptible de abuso en casos poco justificados, como hemos visto en los últimos tiempos.

Propuesta original: 

Introducir en los programas electoral de UCiD que los gobiernos de los que forme parte renuncien al uso de la prerrogativa del indulto salvo en aquellos casos en los que: 1) los delitos se hubieran cometido en defensa del orden y principios constitucionales, siempre que no hayan supuesto un riesgo grave contra la vida o la integridad de las personas, y la actuación del reo hubiera sido adecuada para dicha defensa (aunque no hubiera resultado efectiva); 2) se hubiera producido un error grave que, de no haber existido, hubiera resultado en una sentencia favorable al reo; o 3) se hubiera producido indefensión en el proceso judicial.

Materia: 
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Impuesto de Sociedades calculado sobre los ingresos, en vez de sobre los beneficios

A diferencia de las personas físicas, que pagan un porcentaje sobre cada tramo del total de sus ingresos en concepto de IRPF, el hecho imponible en el Impuesto de Sociedades es la obtención de beneficios por parte de la persona jurídica. De este modo, las sociedades con pérdidas están exentas del pago de este impuesto, puesto que su actividad "no es rentable".

Esta diferenciación no sólo dificulta enormemente la verificación de que el impuesto se ha liquidado correctamente (es decir, si los beneficios declarados son los realmente obtenidos), sino que también permite eludir legalmente el pago de impuestos mediante el uso de sociedades instrumentales domiciliadas en jurisdicciones con tipos impositivos menores o nulos, que facturan a las que realizan la actividad real productos o servicios para absorver sus beneficios, por los que éstas últimas prácticamente no tributan.

Igualmente, esta forma de cálculo del Impuesto de Sociedades perjudica a las empresas más competitivas y las que no pueden -o quieren- recurrir a la denominada "planificación fiscal offshore"... que son las más beneficios generarán, y más tributarán por ellos según el sistema actual, mientras que aquellos de sus competidores con estructuras de costes menos efectivas, o con acceso a mecanismos de elusión, se benefician de una exención fiscal que les permite reducir precios y daña los márgenes de las que sí tributan.

Propuesta original: 

Establecer el importe de la renta obtenida por la sociedad como base imponible para la liquidación del Impuesto de Sociedades, sustituyendo el actual sistema basado en el método de estimación directa, objetiva o indirecta que prevé el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; y revisar a la baja el tipo impositivo para equiparar la presión fiscal a la actual.

Materia: 
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Adecuación del huso horario a la hora solar española

Pese a que casi toda la península ibérica está físicamente situada en la zona UTC+0 (salvo la zona occidental de Galicia y Portugal, además de Canarias [UTC-1]), la orden de 7 de marzo de 1940 sobre el adelanto de la hora legal en 60 minutos estableció que el horario oficial español marchara de acuerdo con la de otros países de la Europa continental [UTC+1] aduciendo "ventajas de diversos órdenes".

Sin embargo, parece más conveniente que la hora legal coincida con la solar de modo que al despertar haya más luz, y anochezca antes. De este modo, será más llevadero madrugar -al haber más luz-, se reducirá la prolongación irracional de los horarios laborales al oscurecer antes, y los amantes de la vida nocturna podrán adelantar su salida, y disfrutar de una hora más de los locales de ocio y de los transportes públicos para volver a sus casas.

Además, al acercarnos una hora al horario de la primera (EE.UU) y quinta (UK) economía del mundo -así como al del resto de latinoamérica-, esta medida facilitará la prestación de servicios desde y hacia economías con altas tasas de actividad y/o de crecimiento al aumentarse el solapamiento entre los horarios de estos países con los españoles.

El cambio de hora también servirá para sincronizar los horarios laborales con los de Europa, de modo que todos finalicemos la jornada laboral simultáneamente (ya que en la UE se sale una hora antes), así como para unificar el huso horario en la península ibérica.

Enlaces:
» Amanece muy pronto por aquí: mapa de la desviación entre la hora solar y la oficial

Propuesta original: 

Que se cambie la hora legal en España, atrasándola una hora para que coincida con la Hora de Europa Occidental, quedando unificada con la hora de Canarias.

Ámbito Territorial: 
Prioridad: 
Estado: 

Supresión de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares

Las Diputaciones provinciales son órganos que tienen encomendado el gobierno y administración de las provincias por el artículo 141 de la Constitución, y que constituyen la forma en que -por defecto- se estructura territorialmente la administración del Estado: la capa intermedia entre éste y los municipios.

El sentido de su existencia radica en que la Constitución contempla la autonomía como un derecho (art. 2 CE), no como un deber, por lo que es necesaria algún tipo de administración territorial para aquellas provincias que decidan -o puedan decidir en el futuro- no integrarse en ninguna Comunidad Autónoma. Sin embargo, su existencia una vez que una provincia pasa a formar parte de una Comunidad Autónoma convierten a estos órganos de la administración local en un foco de despilfarro, opacidad y clientelismo.

Si bien es cierto que las diputaciones provinciales realizan labores importantes para los municipios más pequeños en zonas poco pobladas, la mayoría de sus funciones ya ha sido asumidas sin problema por las Comunidades Autónomas; y no hay motivo para que este proceso de absorción se complete -como ya ha ocurrido en las Autonomías uniprovinciales- ahorrándonos a los contribuyentes más de 7.000 millones de Euros anuales.

Las labores que realizan actualmente -y sus costes- deberán ser trasladados a la administración autonómica correspondiente (cuando exista) o a la central (cuando no exista).

Enlaces:

Propuesta original: 

Modificación del artículo 141.2 de la Constitución española para que el gobierno y administración de la provincia quede encomendado a la Comunidad Autónoma en la que ésta se integre, o la delegación del Gobierno cuando no se adscriba a ninguna, así como supresión de la obligatoriedad de que existan Cabildos o Consejos para la administración de las islas (art 141.4 CE), sin perjuicio de que los municipios limítrofes puedan crear mancomunidades para tales fines, con el apoyo económico y político del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Ámbito Territorial: 
Estado: 

Unificación del envío postal de propaganda electoral, y eliminación de subvenciones

Dado que la competición entre partidos políticos es uno de los pilares sobre los que se sustenta la democracia, resulta necesario eliminar de la ley electoral todo elemento que desvirtúe la necesaria igualdad de oportunidades entre quienes concurren a la formación de la voluntad popular.

Propuesta original: 

Propongo que se elimine toda subvención destinada a sufragar el envío postal de propaganda electoral, que los partidos políticos podrán seguir enviando con sus propios fondos. Dicha propaganda será sustituida por un único envío postal -gestionado por la Junta Electoral de la Circunscripción- en el que cada formación política que presente candidatura dispondrá de un espacio idéntico para exponer las directrices generales de su programa electoral, indicando su nombre, emblema y página web.

Será responsabilidad de los representantes provinciales de cada candidatura enviar la documentación necesaria para confeccionar este "dossier" electoral, gracias al cual los ciudadanos podrán conocer de primera mano todas las candidaturas entre las que pueden elegir. Para cada votación (congreso y senado, locales y autonómicas) se confeccionará un dossier agrupando la información de todas las candidaturas, y ordenándolas por sorteo.

Siempre que sea posible, se adjuntará en el envío una papeleta en blanco (caso del senado, o en el supuesto de que se adopte una papeleta electoral única para el resto de elecciones), de modo que el elector pueda votar en su casa.

Todos estos cambios serán reflejados en la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General.

Ámbito Territorial: 
Estado: 

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