Autonómico

Esta idea, propuesta o proyecto se refiere a una actuación política común en varías o todas las autonomías del Estado Español

Expropiación de primeras viviendas en proceso de ejecución hipotecaria para alquiler social

Por redactar

Propuesta original: 

Subrogación del Estado en el papel de los acreedores de derechos de crédito sobre hipotecas en fase de ejecución correspondientes a primera vivienda mediante expropiación forzosa, previo pago de su "justiprecio", para proceder a la ejecución de la mismas (descontando el justiprecio del montante de la deuda) y ofreciéndole al deudor una moratoria de los intereses que superen la inflación, y permanecer en su antigua vivienda en régimen de alquiler social con deducción del importe del mismo de la deuda pendiente.

Materia: 
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Gestión integramente pública de los servicios públicos y de la administración (privatizaciones)

Considerando que la primera labor de un gestor designado por la ciudadanía, o por sus representantes políticos, es la de gestionar los servicios públicos y de la administración bajo su responsabilidad con medios y personal propio; que no existen (o debieran existir) impedimentos para que la gestión pública sea tan eficaz como la privada, ni para la adopción por parte del sector público de las técnicas y mejores prácticas que pudiera aportar el privado; y que la gestión pública es la única que permite a los usuarios ejercer control político sobre servicios fundamentales para el ejercicio de

Propuesta original: 

Que los gestores de designación política de UCiD renuncien expresamente a la privatización y externalización de los servicios públicos y de la Asministración bajo su responsabilidad -revirtiendo aquellas ya implantadas en la medida en que existan vías para ello- y garanticen que la gestión de estos servicios será íntegramente pública siempre, salvo que existan razones legales que lo impidan.

Ámbito Territorial: 
Prioridad: 

Ratificación popular de la adquisición o privatización de empresas

Por redactar

Propuesta original: 

Establecer que todos los actos que impliquen la adquisición o pérdida de la participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de sociedades mercantiles, por la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos, deban autorizarse para ser efectivos mediante referéndum vinculante a celebrar en el ámbito territorial de actuación de la(s) Administración(es) Pública(s) a la(s) que esté adscrita la sociedad objeto de la operación.

Ámbito Territorial: 

Separación efectiva de las carreras profesionales de empleados públicos y políticos

El actual sistema de organización fiduciaria del aparato estatal, en el que los nombramientos de altos cargos políticos y directivos públicos se realiza sobre la base de la confianza que los candidatos merecen para sus superiores (a su vez nombrados por idéntico procedimiento), genera incentivos negativos en todos los niveles de la Administración Pública; que se manifiestan en forma de baja productividad, docilidad, falta de control interno y de rendición de cuentas y, finalmente, corrupción.

Propuesta original: 

(Por concretar propuestas más específicas, se admiten sugerencias)

  1. Disociación de las carreras profesionales de políticos y funcionarios, imponiendo límites a las actividades políticas de los segundos y costes para aquellos empleados públicos que quieran regresar a la carrera funcionarial después de su aventura política.
  2. Reducción del número de puestos de designación directa según criterios políticos a aquellos directamente dependientes del ejecutivo del ámbito territorial que corresponda
  3. Creación de una dirección pública profesional e independiente cuya trayectoria profesional acabe en las puertas de la cúspide de los ejecutivos.
Ámbito Territorial: 
Estado: 

Supresión de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares

Las Diputaciones provinciales son órganos que tienen encomendado el gobierno y administración de las provincias por el artículo 141 de la Constitución, y que constituyen la forma en que -por defecto- se estructura territorialmente la administración del Estado: la capa intermedia entre éste y los municipios.

El sentido de su existencia radica en que la Constitución contempla la autonomía como un derecho (art. 2 CE), no como un deber, por lo que es necesaria algún tipo de administración territorial para aquellas provincias que decidan -o puedan decidir en el futuro- no integrarse en ninguna Comunidad Autónoma. Sin embargo, su existencia una vez que una provincia pasa a formar parte de una Comunidad Autónoma convierten a estos órganos de la administración local en un foco de despilfarro, opacidad y clientelismo.

Si bien es cierto que las diputaciones provinciales realizan labores importantes para los municipios más pequeños en zonas poco pobladas, la mayoría de sus funciones ya ha sido asumidas sin problema por las Comunidades Autónomas; y no hay motivo para que este proceso de absorción se complete -como ya ha ocurrido en las Autonomías uniprovinciales- ahorrándonos a los contribuyentes más de 7.000 millones de Euros anuales.

Las labores que realizan actualmente -y sus costes- deberán ser trasladados a la administración autonómica correspondiente (cuando exista) o a la central (cuando no exista).

Enlaces:

Propuesta original: 

Modificación del artículo 141.2 de la Constitución española para que el gobierno y administración de la provincia quede encomendado a la Comunidad Autónoma en la que ésta se integre, o la delegación del Gobierno cuando no se adscriba a ninguna, así como supresión de la obligatoriedad de que existan Cabildos o Consejos para la administración de las islas (art 141.4 CE), sin perjuicio de que los municipios limítrofes puedan crear mancomunidades para tales fines, con el apoyo económico y político del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Ámbito Territorial: 
Estado: 

Unificación del envío postal de propaganda electoral, y eliminación de subvenciones

Dado que la competición entre partidos políticos es uno de los pilares sobre los que se sustenta la democracia, resulta necesario eliminar de la ley electoral todo elemento que desvirtúe la necesaria igualdad de oportunidades entre quienes concurren a la formación de la voluntad popular.

Propuesta original: 

Propongo que se elimine toda subvención destinada a sufragar el envío postal de propaganda electoral, que los partidos políticos podrán seguir enviando con sus propios fondos. Dicha propaganda será sustituida por un único envío postal -gestionado por la Junta Electoral de la Circunscripción- en el que cada formación política que presente candidatura dispondrá de un espacio idéntico para exponer las directrices generales de su programa electoral, indicando su nombre, emblema y página web.

Será responsabilidad de los representantes provinciales de cada candidatura enviar la documentación necesaria para confeccionar este "dossier" electoral, gracias al cual los ciudadanos podrán conocer de primera mano todas las candidaturas entre las que pueden elegir. Para cada votación (congreso y senado, locales y autonómicas) se confeccionará un dossier agrupando la información de todas las candidaturas, y ordenándolas por sorteo.

Siempre que sea posible, se adjuntará en el envío una papeleta en blanco (caso del senado, o en el supuesto de que se adopte una papeleta electoral única para el resto de elecciones), de modo que el elector pueda votar en su casa.

Todos estos cambios serán reflejados en la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General.

Ámbito Territorial: 
Estado: 

Uso de software libre y estándares abiertos en la administración pública

En la actualidad, la inmensa mayoría de las administraciones y organizaciones públicas utilizan software privativo (concretamente, la plataforma Microsoft Windows) cuyo uso supone el desembolso de importantes cantidades de dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos para el pago de licencias del sistema operativo y herramientas ofimáticas básicas (en torno a unos 600€ por puesto).

Dicha plataforma no sólo es propiedad exclusiva de una empresa estadounidense, único proveedor autorizado para desarrollar el sistema operativo, sino que, además, presenta un largo historial de vulnerabilidades de seguridad y de rápida obsolescencia. En la práctica, esto obliga a ir adquiriendo licencias de cada nueva versión y a renovar los equipos informáticos junto con las licencias.

Por ello, consideramos que las administraciones públicas deben adoptar y utilizar software libre en todos sus ordenadores, según lo define la Free Software Foundation, salvo que existan razones técnicas que justifiquen la utilización de otras plataformas (por ejemplo, la utilización de programas de propósito específico disponibles para una única plataforma).

Con esta medida no sólo perseguimos ahorrar dinero en licencias y actualizaciones de hardware; también romper la dependencia de las Administraciones públicas respecto las plataformas donde sólo hay un fabricante/proveedor.

Propuesta original: 

Que las administraciones públicas adopten y utilicen software libre en todos sus ordenadores, según lo define la Free Software Foundation, y almacenen sus datos en formatos abiertos salvo cuando existan razones técnicas que justifiquen la utilización de otras plataformas/formatos (por ejemplo, la utilización de programas de propósito específico disponibles para una única plataforma, inexistencia de una alternativa libre consolidada).

Ámbito Territorial: 
Estado: 
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