La lógica de esta propuesta es doble: desde una perspectiva macroeconómica, al reducir la jornada laboral (y con un control estricto de las horas extra), se crearán nuevos empleos y nuevos consumidores que, con su consumo, reactivarán la economía; desde una perspectiva política, reducir la jornada laboral permitiría a los trabajadores conciliar mejor su vida personal y laboral, y disfrutar del "dividendo tecnológico" (¿para qué sirve la tecnología si no es para trabajar menos?).

Esta medida se realizará modificando el estatuto de los trabajadores, estableciendo una jornada ordinaria de trabajo de 30 horas semanales en el artículo 34.1 y una disposición transitoria por la que los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones conservarán una jornada máxima de 40 horas semanales; y que dicha jornada será de 37.5, 35 y 32,5 para aquellos contratos celebrados durante el primer, segundo y tercer año desde la entrada en vigor.

De esta forma la reforma se aplicará progresivamente y sólo a los nuevos contratos, no perturbando innecesariamente las jornadas de trabajo y sueldos ya establecidos. Los contratos antiguos podrán revisar a la baja la jornada ordinaria en su empresa por inicitiva colectiva de los trabajdores, a razón de 2,5horas semanales por año, y a condición de renunciar durante el siguiente año a la revisión salarial por incremento del IPC.

Es probable que la reducción de jornada impulse aumentos en la productividad por la necesidad de emplear mejor el tiempo, reduciendo actividades superfluas y/o no productivas.

Esta medida se complementaría con:

• Fuerte subida del salario mínimo interprofesional para evitar/mitigar la tentación de recortar los sueldos al reducirse la jornada.
• Control de las horas extra
• Incentivos a los contratos de media jornada.