La propuesta consisten en reorganziar el cuerpo de funcionarios, de modo que los puestos sin responsabilidad (administrativos de grupo C en principio, pero habría que revisarlo para incluir a todos los miembros de la policía, educación y sanidad, por ejemplo) pasen de ser personal contratado (no-funcionarios con contrato indefinido).

El proceso de selección continuaría siendo parecido, evaluación objetiva de méritos (preferentemente mediante oposición en vez de concurso, con un mínimo de 3 candidatos que cumplan los criterios para poder asignar la plaza, y evitar concursos a medida), y mismas condiciones en cuanto a horario y sueldo que hasta ahora.

Al resto, aplicación en serio del régimen disciplinario previsto para la función pública (cuando sea el caso), implementando un sistema de denuncia anónima al que puedan recurrir los funcionarios para solicitar investigaciones de oficio.